La Comisión Europea abrió esta semana una consulta pública sobre las directrices que establecen las obligaciones de transparencia de la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act). A partir del 2 de agosto de 2026, las empresas que operen sistemas de IA en la Unión Europea deberán cumplir con requisitos específicos de identificación y etiquetado de contenido generado por inteligencia artificial.
Qué exige el AI Act a partir de agosto
Las nuevas obligaciones de transparencia del AI Act se articulan en dos dimensiones principales. Por un lado, los proveedores de sistemas de IA deberán informar a los usuarios cuando están interactuando con un sistema automatizado (y no con una persona). Por otro lado, deberán etiquetar activamente el contenido generado o manipulado por IA, incluyendo imágenes deepfake, texto sintético, audio clonado y videos manipulados.
- Obligación de informar cuando los usuarios interactúan con sistemas de IA
- Etiquetado obligatorio de deepfakes, texto sintético y audio clonado
- Consulta pública abierta hasta mediados de junio de 2026
- Vigencia a partir del 2 de agosto de 2026 para proveedores de modelos de IA
- Multas de hasta el 3% de la facturación global por incumplimiento
Impacto en las empresas digitales
Para las empresas de marketing digital, medios de comunicación y agencias creativas que utilizan IA generativa en su producción de contenidos, la nueva regulación implica revisar sus procesos y herramientas para garantizar el etiquetado adecuado de todo el material producido con IA. El incumplimiento puede resultar en multas significativas y daño reputacional.
Europa no frena la IA: la pone en un marco de responsabilidad. Quien quiera operar aquí tiene que jugar con esas reglas.
Una regulación que llega al mundo
Al igual que el GDPR en materia de privacidad, el AI Act tiene potencial de convertirse en un estándar global de facto: las empresas internacionales que operen en Europa deberán cumplir con sus requisitos, y muchas optarán por aplicar los mismos estándares en todos sus mercados para simplificar la operación. América Latina, que aún no tiene una legislación específica de IA, seguirá de cerca la implementación europea.
